El pedido ante el máximo tribunal es para evitar el pago de $2.5 billones a las universidades nacionales, a partir de una ley que fue aprobada en el Congreso en octubre de 2025.
El pedido ante el máximo tribunal es para evitar el pago de $2.5 billones a las universidades nacionales, a partir de una ley que fue aprobada en el Congreso en octubre de 2025.